Cataluña sufre el 42% de las okupaciones de toda España y Barcelona triplica las de Madrid
2022 se saldó con 3.770 okupaciones en Cataluña frente a las 813 de la Comunidad de Madrid
Los inquilinos que no pagan y se quedan como okupas ya representan el 70% de los allanamientos
El líder antiokupa del PP en Mataró, donde hay 1.800 casas allanadas: «La izquierda vive en una burbuja»
El 42% de todas las okupaciones que se registran en España se localizan en Cataluña. Barcelona es la provincia con más viviendas allanadas: 2.838. La provincia barcelonesa por sí sola supera en 2.025 casos a los registrados en toda la Comunidad de Madrid. Cataluña aglutina un total de 3.770 viviendas allanadas. Para alcanzar este dato, a los 2.838 delitos registrados en Barcelona se suman los 412 localizados en Tarragona, los 373 de Gerona y los 147 de Lérida. Un fiel reflejo de la condescendencia y la laxitud con la que los consistorios en manos de la izquierda, como el de Barcelona con Colau o el de Mataró con los socialistas al mando abordan el drama de la okupación en Cataluña.
Tarragona, con 412 casos, reúne en su provincia más casos de okupación que ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia o Zaragoza, que triplican su población. Sólo es superada por todos los casos de okupación registrados en la Comunidad de Madrid al completo.
El caso Mataró
Uno de los mejores ejemplos de cómo la okupación acampa a sus anchas en tanto en la ciudad como en la provincia de Barcelona es el caso particular del municipio de Mataró. Salir a la calle en esta ciudad se ha convertido en todo un ejercicio de valentía. En este municipio hay 1.800 viviendas allanadas por delincuentes. Proporcionalmente, es la ciudad de España más castigada por este drama. Es tal la peligrosidad instalada en el municipio catalán que lo comparan con el Raval de Barcelona. El PP de Mataró denuncia que el Ayuntamiento, en manos de PSOE y Podemos, ha estado desaparecido durante toda la legislatura.
Es tal la pasividad de la coalición de izquierdas que gobierna en Mataró que los vecinos han decidido unirse para combatir a los okupas. Emilio Molinero, un vecino del municipio, decidió impulsar, de forma pionera, la primera patrulla vecinal contra los okupas ante el aumento de casos que se registraron en el municipio tras la llegada del covid. Junto a un amigo, decidió poner en marcha esta plataforma con sólo un objetivo: velar por la seguridad de todos los mataronenses. Ahora, se ha animado a dar el salto a la política, desde donde pretende seguir dando batalla a la lacra de la okupación. Para poder seguir ayudando a su gente, el próximo 28M se presenta como número 3 al Ayuntamiento de Mataró, integrado en la lista del Partido Popular.
Madrid antiokupa
Madrid continuará siendo «mascarón de proa contra la okupación». Éste es el compromiso que ha adquirido José Luis Martínez-Almeida en caso de revalidar su cargo como alcalde de la capital de España. Los datos avalan la gestión que se ha realizado en materia de okupación. Toda la Comunidad de Madrid sufre menos de una cuarta parte de los allanamientos que registra Cataluña, la Barcelona de Colau. No obstante, tanto Isabel Díaz Ayuso como Almeida han reconocido que queda mucho por mejorar.
Tanto es así que el dirigente popular ha asegurado que una de sus primeras acciones será pedir una modificación legislativa al Gobierno de Pedro Sánchez para «luchar contra la okupación de viviendas» y otro tipo de inmuebles. Entre sus medidas, destacan permitir el desalojo en el plazo de 24 horas, que los okupas no tengan derecho a ser incluidos en el padrón municipal y que los propietarios víctimas de ocupación estén eximidos del pago del IBI durante el tiempo que dure la misma.
Almeida ha prometido también la construcción de 12.000 nuevas viviendas, de las cuales el 50% se destinarán a los jóvenes y familias jóvenes, ayudando así a uno de los grupos con mayores problemas de acceso a la vivienda y aumentando sus posibilidades de emancipación y de iniciar su propio proyecto de vida. Todo ello, a través de colaboración público-privada. El alcalde de Madrid también ha propuesto actuar en edificios en ruina o en malas condiciones de conservación, especialmente en barrios del centro de la ciudad, para proceder a su rehabilitación y destinarlos a vivienda protegida.
Okupación disparada
Desde 2018, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, los casos de okupación se han disparado un 41%. Muchos de estos casos han proliferado a raíz de la llegada del covid. Tras la repentina llegada de la pandemia, el Gobierno de España estableció medidas extraordinarias de suspensión de desahucios mediante el Real Decreto-ley 11/2020, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al virus. Esta excepción no se revocó con el fin de la pandemia, y muchos okupas han encontrado en este limbo legal su oportunidad de allanar viviendas.
El 70% de todas las okupaciones que se registran en España forman parte del fenómeno denominado inquiokupación. Este movimiento ilegal consiste en que los inquilinos que se encuentran en régimen de alquiler dejan de pagar la mensualidad a sus caseros y, posteriormente, se atrincheran en el interior de la vivienda. En la mayor parte de los casos, cortan todo hilo de comunicación con el propietario, por lo que la llegada a un entendimiento resulta imposible.
Actualmente, los casos de okupación están disparados. De media, en España se registran una media de 46 okupaciones diarias, por lo que 32 de ellas se enmarcan dentro de este fenómeno en auge, y que irá a más, según denuncia la oposición. «La lentitud de la justicia y el efecto incentivador de las medidas del Gobierno, prohibiendo el cumplimiento de las sentencias de lanzamiento dictadas por los Jueces al amparo de la ley, está causando un efecto llamada hacia este tipo de prácticas».
En España, más del 90% de las viviendas de alquiler pertenecen a pequeños propietarios. Más del 40% emplean sus rentas para paliar necesidades personales y familiares. Por ello, el fenómeno de la inquiokupación está poniendo en riesgo los ahorros de los cuatro millones de propietarios que tienen el alquiler como complemento a su renta y su pensión, pero que tienen que seguir pagando los impuestos de sus viviendas mientras luchan contra las okupaciones.